Dime de donde comes y te diré qué defiendes

Partiendo de la convicción de que las leyes cumplen un rol instituyente y formador de las conductas sociales y, por ende, del cuerpo social en su conjunto, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsada por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y aprobada luego por el Poder Legislativo, se presentaba a aquella realidad del año 2009 dividiendo opiniones, enfrentando poderes y visiones político-económicas que hasta ese momento no parecían mostrarse tan heterogéneas.

Opinión Por Nacho Arribas. 

 La ley, al mejor estilo de la vara de Moisés, no sólo había dividido aguas sino que pareció marcar un nuevo límite que distinguía lo blanco por un lado y lo negro por el otro, el bien y el mal como representantes de un modelo de país frente a otro antagónico.   

Ante la discusión general sobre la ley hubo diferentes posiciones a favor y en contra, pero siempre en pos de defender intereses concretos sean estos económicos o políticos; es decir, posiciones de poder: sectores políticos que intentaban poner un limite al poder de ciertos medios de comunicación, que por fuerza de la lógica del propio sistema capitalista habían alcanzado en los últimos años alarmantes tendencias monopolizadoras, agravada esta alarma con la cualidad de ser, además de empresas lucrativas, medios de formación de opinión y constructores de “la realidad” -realidad que se sabe no siempre calza a medida del político de turno-.

Por otro lado estaban los empresarios y trabajadores de los medios de comunicación que, en nombre de la libertad de expresión y de los valores de la democracia, buscaban mantener su posición presente, unos de poder y los otros de trabajo.  Tanto los primeros (los políticos) como los segundos (empresarios de medios y trabajadores de los mismos) defendían intereses concretos, era una discusión de poder, de reparto para unos, de concentración para otros, de fuentes laborales para los demás.  ¿Es una obviedad decir que la boca con la que se habla es la misma con la que se come? Dime de donde comes y te diré qué defiendes, sería el refrán.  Así se fueron oyendo tantas voces como gritos, dispares, sensatas, increíbles, antiguas y modernas, un coro heterogéneo piando desde su nido por el plato fuerte del año. 

Pero los medios de comunicación que habían quedado sentados en el banquillo de los acusados y las “futuras victimas” de la ley aun tenían cámara, micrófono y pluma, y desde las páginas de sus diarios, las pantallas de sus canales, los micrófonos de sus radios, intentaban forjar a la opinión pública modificando la representación simbólica de la realidad del poder al que es ciego, quizá, el ciudadano común.  Así, la Ley de Medios Audiovisuales, pasó a llamarse “Ley mordaza”, “Ley de control de medios K”.  La realidad intentaba ser modificada con la finalidad de cambiar la opinión pública, cabe señalar, en pos de intereses privados.

Ahora bien, pensemos en esta pregunta: ¿qué es lo privado y qué es lo público en una democracia?  En general la respuesta mayoritaria que uno recibe es que lo público es lo de todos y lo privado lo de particulares.  Y, a pesar de la anomia que caracteriza a la sociedad argentina, en general la mayoría coincide también en que el espacio público es un ámbito de libertad para el individuo, libertad que sin embargo encuentra sus límites en las normas que garantizan la convivencia.  “Los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro”.  El Estado moderno, es decir, el Estado de Derecho, tiene su piedra fundamental en el individuo y su ámbito privado; es a partir de ahí  que encuentra su punto inicial y su razón de ser; lo público se halla en un segundo lugar.  La iniciativa privada es aplaudida y alabada, pero es poco común que se haga hincapié en las consecuencias sobre lo público que esa iniciativa pudiera producir.  Por ejemplo, es totalmente lícito que un hipermercado se instale donde considere oportuno para sus ventas, pero a su vez, no es ilícito que ese mismo hipermercado destruya la fuentes laborales de muchísimos otros individuos, vulnerando de esta manera el derecho de otros a trabajar.  A ver: la iniciativa privada, y aún más cuando tiene características de “empresa” influye y modifica el ámbito público donde otros también tienen derechos.  Un medio de comunicación tiene derecho a exponer sus propios puntos de vista desde su ámbito privado, el que se conforma a partir de intereses.  Como consumidores de información, los individuos también tienen derecho a opinar como quieran y a escuchar o leer lo que quieran desde su ámbito privado, el cual también está conformado por diferentes intereses; pero el lugar en donde circulan las distintas informaciones es público, es decir, de todos, y nadie puede hacerse de ese espacio como propio.  Así como el Estado de Derecho garantiza y protege el ámbito privado -lo individual-, la Democracia debería garantizar y proteger el ámbito público -lo social-. 

Los derechos individuales deberían encontrarse y no enfrentarse.  Pero para esto es necesario adquirir una conciencia democrática.  Una conciencia que nos conduzca a priorizar lo público, lo de todos, ese lugar de encuentro social de las individualidades donde lo importante somos todos –la sociedad- más allá de las diferencias que nos distingan y los intereses que nos sostengan.  Pero claro, esa conciencia tiene su punto de inicio en la humildad, humildad de nuestros derechos frente al de los demás.